Una responsabilidad subsidiaria de $51,239,752.29 planteó ayer la Fiscalía General de la República (FGR) al Juzgado 7o. de Paz de San Salvador, para garantizar que los 17 imputados y sus empresas respondan por los daños y perjuicios causados al Estado, derivados de los delitos de lavado de dinero que les atribuyen; aunado, la Fiscalía pidió que se embarguen sus bienes.

Uno de los fiscales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) le solicitó a la jueza Sandra Gutiérrez, ordenar medidas cautelares de carácter patrimonial para asegurar la responsabilidad civil iniciada.

La FGR solicitó que se decreten embargos a la Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V., Radiodifusión Usuluteca, Radiodifusión El Salvador, Radio Estéreo 94.1, Grupo Sámix S.A. de C.V., Tóchez Fernández y Limitada, América Publicidad, ANLE, Funes y Asociados y Radio ABC 100.1 FM.

Los representantes legales de estas empresas también deberán responder en su carácter de personas naturales, entre ellos la exprimera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, su hermano, Óscar Edgardo Mixco Sol y Hernán Antonio Leiva Alemán, este último contador del Grupo Sámix.

Los representantes de ANLE, en su calidad de personas naturales, deberán responder civilmente: Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Lemus Zaldívar conocido como Antonio Lemus Simún y José Antonio Lemus Zelaya. En un comunicado, Lemus Simún dijo que “su pecado” fue haber pautado publicidad radial en las empresas de Sámix y donde la gerente financiera se hacía responsable de los pagos de la facturación de la pauta. El publicista agregó que no tuvo relación con Casa Presidencial, ni con funcionarios de gobierno de esa fecha. Dijo que tanto sus hijos como él desconocen el proceso judicial que atraviesa Antonio Saca.

De América Publicidad, deberá responder su representante Ricardo Alberto Durán Acevedo y en cuanto a Funes y Asociados, la Fiscalía pide que en su calidad personal se embarguen bienes de Gerardo Antonio Funes Durán y César Daniel Funes Cruz, padre del exsecretario de la Juventud, César Funes, recluido en el penal de Mariona, a fin de asegurar el pago de la responsabilidad civil; de Tóchez Fernández y Limitada, el Ministerio Público solicitó que Milton Romeo Avilés, responda personalmente en su calidad de auditor, entre los años 2005 al 2010, y quien habría legalizado los estados financieros del Grupo Sámix para luego ser inscritos en el Registro de Comercio. Según la UIF, obvió las irregularidades y dejó constancia que todo estaba en regla; le cuestionan el hecho de no circunscribirse a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El Ministerio Público incluye a Julio Zamora Bolaños, Sonia de Reyes, María Enma Suazo, Reina Cecilia de la O, Rubén Ernesto Castro, Ángel José Montoya y Oswaldo Octavio Orantes. Los siete aparecen con cuentas mancomunadas que suman en total $14,839,342.9.